La Contraloría General del Estado (CGE), impartió un taller teórico - práctico en materia de Responsabilidades Administrativas.

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Contraloría General impartió este taller a más de 60 servidoras y servidores públicos titulares de los Órganos Internos de Control, así como a las autoridades Investigadoras y Substanciadoras de las dependencias gubernamentales, con la finalidad de dotarlos de las herramientas necesarias para desempeñar eficazmente sus funciones basadas en los instrumentos legales e institucionales, establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y la ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado.

La Contraloría General mencionó que, en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo de combatir la corrupción y la impunidad, fortaleciendo la prevención, fiscalización, control, transparencia, debido proceso y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa, se lleva a cabo la instrucción de las y los trabajadores para la implementación de cambios estructurales, mecanismos institucionales, innovadores, incluyentes y modernos, que aseguren cero impunidad en el quehacer de los funcionarios públicos, fortaleciendo las competencias institucionales y la gestión gubernamental a partir de las necesidades ciudadanas.

El taller fue impartido en cuatro módulos durante los días 2, 4, 9 y 11 de abril en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, abarcando temas como el Marco Normativo del Régimen Disciplinario, investigación y Substanciación del Proceso Disciplinario, investigación, principios aplicables, medidas cautelares, desahogo de pruebas, resolución y recursos, por medio de casos prácticos que les otorguen las competencias necesarias para la implementación de mecanismos que permitan prevenir, corregir e investigar las responsabilidades administrativas, consolidando las bases para que todo ente público se establezcan políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

La dependencia declaró que, comprender a cabalidad las leyes que establecen los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos y su correcta aplicación, erradicará las deficiencias que permiten posibles actos de corrupción, por lo que la capacitación a las y los funcionarios encargados de vigilar y aplicar su implementación, es fundamental para la sistematización de acciones efectivas que permitan revertir la corrupción como un problema público, ajustando el actuar de todas y todos los trabajadores gubernamentales a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.